4 de marzo 2026
Ray Castro.
EL PORTAVOZ ,SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Aduanas (DGA) habría cancelado a varios empleados adscritos a su Departamento de Propiedad Intelectual, tras detectarse presuntas irregularidades en la clasificación y procedencia de mercancías que ingresaban al país, según informaciones obtenidas por este medio.
De acuerdo con los datos recabados, los empleados supuestamente se dedicaban a modificar en el sistema la categoría arancelaria y el país de origen de distintos productos importados.
Estas alteraciones impactarían directamente el monto de los impuestos a pagar, ya que los aranceles varían dependiendo tanto del tipo de mercancía como de su procedencia.
En el comercio internacional, la clasificación correcta de los productos resulta determinante para establecer la carga tributaria.
Por ejemplo, una prenda de vestir importada desde Estados Unidos puede estar sujeta a un arancel distinto al de productos provenientes de otros mercados, en función de los acuerdos comerciales vigentes y de la categoría asignada en el sistema aduanero.
Cambiar estos datos permitiría reducir el pago correspondiente, generando un perjuicio económico para el fisco.
Las supuestas acciones irregulares habrían afectado la recaudación tributaria al disminuir los montos que debían ingresar a las arcas del Estado por concepto de impuestos aduaneros, lo que encendería las alarmas internas en la institución encargada de velar por el control y la transparencia del comercio exterior.
Hasta el momento, la DGA no ha ofrecido una versión oficial sobre el caso ni ha detallado la cantidad de empleados cancelados ni el alcance de las investigaciones internas.
El VIAJERO DIGITAL intentó comunicarse con el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, vía telefónica para obtener una posición oficial, pero no fue posible establecer contacto con el funcionario.
Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre las medidas adoptadas y determinen si el caso será remitido a instancias judiciales para los fines correspondientes, en caso de comprobarse responsabilidades penales o administrativas.
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