6 de octubre 2025
EL PORTAVOZ,SANTO DOMINGO.-Si yo fuera asesor de comunicación del presidente de la República Luis Abinader, ante un caso
tan complejo como lo que se está investigando en SENASA, suspendiera sus presentaciones en
La Semanal, o quizás prohibiera a los periodistas preguntar sobre ese tema, pues hasta ahora
sus respuestas parecen defender a sus amigos del grupo Read-Villanueva, ante los
cuestionamientos públicos de sus contratos con la ARS Pública.
Cuando en La Semanal a Abinader se le pregunta del caso SENASA, lo que responde es el mismo
argumento que usó esa institución, como defensa ante el pedido de investigación abierta por la
Dirección de Contrataciones Públicas, a requerimiento de la empresa DHL Digital Health, sobre
un contrato para proveer servicios farmacéuticos ambulatorios a los afiliados del régimen
contributivo de esa ARS.
Evidentemente nervioso, el presidente dice textualmente lo siguiente: "ehh… La institución
SENASA es una institución autónoma ehh… no es directamente ehh…Y parte de su sector mm
parte sus atribuciones no están en el compra y contrataciones", solo que esa dirección declaró
ilegal el contrato al que se refiere el señor presidente…
¿A que nos referimos?, A un contrato con la empresa FARMACARD, que es a su vez parte del
grupo Read-Villanueva (sin agregar ese apellido es imposible entender el tema), en que se
entregó por CAPITA toda la cartera de afiliados de SENASA en el régimen contributivo, para que
gestionara la entrega de medicamentos.
Hablamos del contrato entre SENASA y FARMACARD, dónde la primera asume la gestión de
medicamentos a la segunda, es decir entre afiliados del régimen contributivo y jubilados; la ARS
tiene 1,870,894 afiliados contributivos y el contrato se hizo POR CAPITA a razón de RD$168.85
pesos, lo que significa que SENASA debía pagar cada mes la suma de RD$314 millones de pesos,
lo que sumaría en un año la suma de RD$3,780,000 (tres mil setecientos millones de pesos),
que son RD$11,340.000.000 (once mil trescientos cuarenta) millones de pesos por el uso de un
sistema informatico llamado MEDINET, durante los 3 años que dura el contrato.
Llama la atención de como Contrataciones Públicas, lo declara ilegal porque no cumplió con las
reglas para un proceso competitivo y transparente, ya que FARMACARD no es una prestadora
de servicios de salud, como también lo confirmó el Ministerio de Salud certificando que no está
registrada ni habilitada para ofrecer esos servicios, y por esto se declaró su ilegalidad, así como
la SISALRIL que al ser consultada sobre el tema respondió que se contrataba una asistencia
farmacéutica" a los afiliados no un servicio de salud.
Pero no solo eso, SENASA en el contrato de marras, entregó el pago de los servicios
farmacéuticos de la institución a FARMACARD, precisamente el área de una ARS con mayor
riesgo de corrupción, pues esa empresa era la encargada de pagar y cobrar los medicamentos
autorizados a los usuarios y esta a su vez, no conforme con lo que cobraba por cápita a la ARS,
también envió una comunicación a las farmacias planteándoles que cobrarían un 4.25% de todo
lo que facturaran.
Dicho esto nos parece otro acto de manipulación la campaña montada en contra de la red de
farmacias GBC, algo muy parecido al intento de desviar el tema con maniobras de
comunicación, que se hizo montando un programa que vendió la idea de que el caso de
corrupción en SENASA lo cometieron unos cuantos ladronzuelos, para poner fuera del radar al
grupo Read-Villanueva dueño de casi todas las empresas mencionadas en el escándalo SENASA.
GBC es un proveedor más de medicamentos a los usuarios de las ARS publica y privadas, parece
ser víctima de otra campaña de desinformación, dónde lo primero es que FARMACARD al
estallar el escándalo dice que fueron ellos quienes detectaron el fraude, que es lo mismo
planteado por Kherson SRL, Santiago Hazim y hasta el presidente de la república se inscribió en
esa línea de ca
