29 de junio 2026
EL PORTAVOZ, SANTO DOMINGO.- Los juristas Julio Cury y el Ldo. Fausto Jáquez mostraron su preocupación este lunes ante la reciente modificación de urgencia a la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), sosteniendo que el uso recurrente de este mecanismo legislativo excepcional está erosionando la calidad de las políticas públicas y el principio de seguridad jurídica.
“En nuestra condición de ciudadanos comprometidos con el Estado constitucional de Derecho y el desarrollo sostenible del país, deploramos que una pieza legislativa introducida en horas de la tarde haya sido inmediatamente declarada de urgencia y, peor aún, aprobada en dos lecturas consecutivas, proceder que despierta sospechas de largo alcance”, expresaron los abogados mediente un comunicado de prensa.
Recoerdaron que, en enero del 2025, la misma ley fue objeto de modificaciones también tramitadas bajo la figura de urgencia, y menos de dos años después reeditan la fórmula para crear una contribución especial obligatoria calculada sobre ingresos brutos de personas jurídicas, entidades gubernamentales y patrimonios autónomos.
“Sin un proceso de consulta amplio y un análisis de impacto económico, las nuevas cargas que impone este proyecto resultan arbitrarias”, agregaron. Señalaron que toda contribución determinada sobre ingresos —y no sobre utilidades— es confiscatoria para empresas con márgenes de beneficio reducidos, lo que afecta desproporcionadamente a sectores formales que ya cumplen con sus obligaciones tributarias.
“Si bien compartimos el objetivo de reducir el impacto ambiental del foam y de plásticos de un solo uso, la fijación de un plazo de 6 meses para sustituir toda la cadena de suministro de estos productos no considera la realidad logística y comercial de los sectores de alimentos, distribución y servicio”, manifestaron.
Además de abogar por una transición viable de plazos racionales, instaron a la Cámara de Diputados a no replicar la urgencia con la que la controversial pieza fue aprobada en el Senado. “Antes de aprobar cualquier modificación, deben someterlas a un proceso de revisión que incluya la realización de un análisis económico independiente sobre la contribución especial propuesta, una consulta formal con los sectores productivos, gremios empresariales y expertos en
