22 DE JULIO 2026
EL PORTAVOZ, SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que una comisión de esa institución acudió a la Dirección Regional de la Policía Nacional en San Cristóbal para investigar si hubo vulneración de derechos fundamentales en el caso del fallecimiento de Miguel Antonio Lucas, conocido como «Miguelito».
La comisión de inspección estuvo encabezada por el segundo adjunto del Defensor del Pueblo, Darío Nin, y acudió al recinto policial con el propósito de recabar informaciones relacionadas con el caso. Según explicó Ulloa, la institución prepara un informe detallado con los hallazgos obtenidos, el cual será remitido a las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, indica un comunicado.
El Defensor del Pueblo también exhortó a los agentes de la Policía Nacional a asumir con compromiso, vocación de servicio y sentido de pertenencia el proceso de reforma y transformación institucional, al considerar que representa una oportunidad para fortalecer una institución más profesional, eficiente, cercana a la población y respetuosa de la Constitución y de los derechos fundamentales.
Ulloa llamó a los miembros de la uniformada a aplicar correctamente el Manual sobre el Uso de la Fuerza, bajo los principios de legalidad, durante el patrullaje y en los recintos policiales.
«La seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales deben funcionar en conjunto», explicó Ulloa, quien agregó que una Policía que actúa con profesionalidad, protocolos claros y dentro del marco de la ley protege mejor a la ciudadanía y ofrece mayor seguridad jurídica a sus propios miembros.
Asimismo, informó que el Defensor del Pueblo diseñó, junto con la Policía Nacional, un Programa Ejecutivo de Formación en Derechos Fundamentales, Actuación Policial y Uso de la Fuerza, dirigido progresivamente a todos los miembros de la institución.
El programa será implementado por etapas mediante procesos de formación, capacitación de multiplicadores y herramientas prácticas orientadas a fortalecer las competencias jurídicas, éticas y operativas de los agentes, prevenir actuaciones contrarias al derecho y consolidar una cultura policial basada en el servicio y el respeto a la dignidad humana.
La iniciativa será complementada con un Plan Nacional de Información Ciudadana en los destacamentos policiales, mediante materiales gráficos permanentes que orientarán sobre los derechos y garantías de las personas durante una intervención, conducción, arresto, detención o permanencia bajo custodia policial.
Finalmente, Pablo Ulloa exhortó al Congreso Nacional a culminar la actualización del marco jurídico de la Policía Nacional mediante una reforma que fortalezca la carrera policial, modernice los sistemas de formación, control y rendición de cuentas, y otorgue estabilidad normativa al proceso
